Aunque
han pasado ya cerca de 3 años de la noticia, tanto los represaliad@s como sus
familias, en esas fechas no habían sido ‘REHABILITADOS’ por la llamada
Democracia que se instauró a partir del 20 de noviembre de 1.975.
Y
lo que es peor, los sobrevivientes tampoco han sido compensados por lo que les
CONFISCARON.
Pero
lo más grave, para mí, es que ni tan siquiera los propios partidos y sindicatos
a los cuales estaban afiliadas y eran militantes estas personas han abierto la
boca para RECLAMARLES.
Muchísimas
familias españolas, de TRABAJADOR@S, ACABARON MURIENDO EN LA INDIGENCIA.
Pero para mí LO MÁS SANGRANTE Y LO MÁS
DOLOROSO (que se me encoge el corazón cada vez que lo pienso) es que
seguramente EL MIEDO Y EL TERROR que impusieron los militares, falangistas y el
resto del fascismo español –cuya cabeza pensante fue el general MOLA-, hicieron
que tanto las familias como l@s compañer@s de los represaliados FUERAN
INCAPACES DE AYUDARLES A SALIR DE LA MISERIA EN LA QUE LES METIERON.
Y es tan fuerte lo que siento –hasta se me
saltan las lágrimas sólo de pensarlo- que la represión de la que fue objeto mi
abuelo anarcosindicalista, me parece una nimiedad.
NO OLVIDEMOS que lo que pasó en este país
desde el 18 de julio de 1.936 hasta unos años después del 20 de noviembre de
1.975 fue una auténtica aniquilación de
varias generaciones.
CAÍDOS POR DIOS, POR ESPAÑA… Y P0R EL DINERO
(Del Diario ‘PÚBLICO’, de 30.diciembre.2012)
ALEJANDRO
TORRÚS
José
Enciso Amat murió en 1938 en el campo de batalla en Murcia. En 1940, en aplicación
de la Ley de Responsabilidades Políticas, fue condenado a pagar 12.000 pesetas
de multa. Poco importaba que él ya estuviera muerto. Su familia debía pagar por
él. Su viuda no pudo pagar la sanción y la farmacia que regentaba fue
intervenida por el Estado franquista, quien colocó un administrador al frente
del negocio familiar, que pasó a cobrar 10 pesetas diarias. La familia estuvo
pagando la multa hasta el año 1951 en pagos fraccionados de 3.000 pesetas.
Hasta entonces las cuentas bancarias, créditos y demás pertenencias estuvieron
inmovilizados.
El
caso de José Encino se repitió por toda la península. Más de 200.000 familias
sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes en un
país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. La región que más daño
sufrió en este aspecto fue Andalucía. Un grupo de 32 investigadores de ocho
universidades andaluzas, financiado por la Junta de Andalucía, ha rescatado de
los comités de incautación y los tribunales de responsabilidades políticas de
Andalucía 61.958 expedientes personales de incautación y expropiación de
bienes.
Sólo
en Andalucía hay registrados 57.801 fusilamientos desde 1936 a 1945
Fernando
Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y
coordinador del macroproyecto, cifra la cantidad que los vencidos andaluces de
la guerra tuvieron que pagar en 115 millones de pesetas de la época. "El
volumen de multas alcanza los 115 millones de pesetas de la época y supera las
9.500 incautaciones cuyo valor no se puede calcular al no haber sido estimado
en la época. La represalia fue de tal envergadura y afectó a tanta gente que la
Administración franquista se colapsó y en 1945 se tuvo que nombrar una comisión
liquidadora que dio carpetazo a 45.000 expedientes", explica a Público el
historiador, quien asegura que 115 millones de pesetas serían en la actualidad
alrededor de 345 millones de euros. "Con 200 pesetas se podía comprar un
campesino una casa en aquella época", asegura.
La
investigación, liderada por Martínez, supone la primera averiguación que arroja
luz sobre la dimensión de uno de los pilares de la represión franquista: el
expolio de los vencidos. El otro gran pilar, más conocido por el gran público,
fue el fusilamiento directo de los sospechosos con curas, falangistas, guardias
civiles y alcaldes como delatores. Sólo en Andalucía hay registrados 57.801
fusilamientos desde 1936 a 1945. De ellos, 49.718 fueron fusilados republicanos
y 8.083 del bando franquista.
"No
fue suficiente con la represión física, es decir, matar, encarcelar, mandar a
la gente a los campos de concentración ni con la depuración profesional, es
decir, apartar de su trabajo a todos los
profesionales no afines sino que paralelamente se puso en funcionamiento una
ley y una incautación de bienes que fundamentalmente buscó legitimar el golpe
de Estado, controlar a los enemigos del alzamiento y financiar el golpe",
explica Martínez.
Al
inicio el saqueo y las incautaciones se produjeron de manera espontánea. Las
tropas africanistas estaban acostumbradas al saqueo de bienes en Marruecos y
cuando llegaron a España procedieron de la misma manera a la par que se
iniciaron los primeros fusilamientos sin ningún tipo de control. Este ritual se
repitió hasta que comenzaron a incautar bienes a familias de derechas que
denunciaron estos saqueos y provocó que el cabecilla sublevado Queipo de Llano
interviniera en la cuestión.
Queipo
de Llano impuso a quien se podía incautar y a quien no
El
18 agosto de 1936, Queipo de Llano lanzó el bando de incautaciones en el que se
decía a quien se puede incautar y a quien no con el "fin de reparar en lo
posible los daños y perjuicios ocasionados en los servicios públicos".
Así, se disponía que se podía incautar bienes a las personas que
"pertenecieran a partidos políticos" del Frente Popular, los que
propugnaran la necesidad de la "desaparición o debilitamiento de la nación
española", los que se opusieran al levantamiento militar y los periodistas
que hubieran publicado a favor de la República.
De
esta manera, y según los datos del estudio, los más afectados por ocupación
fueron los trabajadores del sector primario (jornaleros, labradores,
agricultores, campesinos, mineros), con un 58,5%% de los encausamientos;
después el secundario (panaderos, electricistas, carpinteros, obreros,
albañiles, etcétera), el 22,1%; y, por último, el terciario (empleados,
comerciantes, maestros, militares, etcétera, abogados), con el 19,1% de los
expedientes.
El
bando de Queipo de Llano pasó a ser ley antes incluso del final de la guerra
civil, en febrero de 1939. La Ley de Responsabilidades Políticas significó el
encarcelamiento, la represión e incluso la muerte para aquellos que durante la
primera experiencia democrática en España, la II República, ejercitaron el
derecho constitucional de pertenecer a sindicatos o partidos políticos.
Azaña
fue multado con 100 millones de pesetas y todos sus bienes fueron incautados
Muestra
de ello, es la brutal represión que sufrieron los cargos políticos desafectos.
Cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales. Entre los diputados a Cortes
las multas fueron descomunales. Manuel Azaña fue multado con 100 millones de
pesetas y todos sus bienes fueron incautados. En Andalucía, la mayor multa fue
para el diputado Vicente Uribe que fue castigado con 25 millones de pesetas,
que nunca pudo pagar. No obstante, todos sus bienes fueron incautados por el
nuevo Estado franquista.
En
1945 la histeria represora del nuevo régimen era imposible de continuar, pero
la represión política no decayó. Todas las penas impuestas debían cumplirse
hasta el último día de cárcel o hasta la última peseta de multa.
"Había
17 supuestos delictivos por los que se abría expediente, entre ellos tener
abierta una causa militar o haber representado a los partidos del Frente
Popular, haber permanecido en el extranjero más de dos meses durante la Guerra
Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran la
responsabilidad política", explica a Público Martínez.
Los
políticos más afectados por las incautaciones fueron los afiliados a PSOE y UGT
Los
políticos más afectados por las incautaciones, según la investigación
coordinada por Martínez, fueron los afiliados a PSOE y UGT. Un 51% de los políticos
que perdieron todas sus posesiones pertenecían a este partido o al sindicato.
El 15,18% estaban afiliados a la CNT; el 9,77 al Partidos Republicanos y el
8,88% al PCE.
La
naturaleza de los bienes incautados oscila entre la expropiación de fincas
rústicas y/o urbanas, el mobiliario de las viviendas, los ajuares domésticos,
los bienes semovientes, es decir, los animales de corral, carga y tracción o
las cooperativas de casas de obreros. El valor de estas incautaciones es
imposible de determinar.
El
nuevo Estado se apoderó también de inmediato de los haberes de los partidos,
sindicatos y organizaciones opuestas a la rebelión militar. Una vez restituida
la democracia, tras la muerte de Franco, estos bienes fueron devueltos a los
partidos políticos y sindicatos. A los particulares, sin embargo, nunca.
Este
es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada en
1936. Apenas dos días después del golpe de Estado de julio fue detenido el día
20. El 1 de agosto, fue juzgado por un consejo de guerra sumarísimo y condenado
a dos penas de muerte por "rebelión militar, provocación, inducción e
instigación a la rebelión", y por insultos a la fuerza armada,
considerando la sentencia que preparaba "un amplio movimiento subversivo
para implantar en la ciudad las doctrinas ruso-marxistas más avanzadas y por
medio del terror". Unas horas después, en la madrugada del 2 fue llevado
al cementerio y fue fusilado.
"Poco
después de la muerte de mi padre, las fuerzas de Franco fueron a mi casa y nos
embargaron todo"
"Tras
enterarse de la condena, lo único que me dijo mi padre es que con una condena a
muerte hubiese bastado", recuerda para Público José Castilla, de 83 años,
hijo de Virgilio. Tras el asesinato de Virgilio, la familia recibió una nueva
notificación del Gobierno de Franco. Acorde con la Ley de Responsabilidades
Políticas, la familia debía pagar 250.000 pesetas al Estado de sanción por
pertenencia a un partido político. La muerte, una vez más, no era suficiente.
"Recuerdo
como poco después de la muerte de mi padre, las fuerzas de Franco fueron a mi
casa y nos embargaron todo. Desde el frigorífico a las sillas del despacho de
mi padre. Nos dejaron a mi madre, a mi hermana y a mí absolutamente sin nada.
Pudimos sobrevivir gracias al padre de mi madre que nos daba un dinero semanal
para comer", apunta José Castilla.
Finalmente,
la familia de Virgilio pudo satisfacer la multa de 250.000 pesetas. Para ello,
el hermano de Virgilio liquidó la empresa de textiles que regentaba junto a su
hermano fusilado. "Mi padre, junto a su hermano, era el creador de lo que
después fue el negocio de Galerías Preciado o El Corte Inglés. Hacíamos trajes
a medida. El negocio era fantástico y ya tenían sucursales en Murcia, Córdoba y
Almería", explica José, hijo de Virgilio y catedrático de Medicina legal y
Forense.
Lo
incautado a la familia de Virgilio Castilla está valorado en 262.832 euros
La
familia consiguió la reparación de la memoria de Virgilio por resolución del
Ministerio de Justicia en 2007. En 2010, reclamaron al Estado la devolución de
los bienes incautados a su familia por el Estado franquista valorado en 262.832
euros según informe pericial. Sin embargo, el Gobierno socialista negó el
derecho de la familia a la indemnización por daños y perjuicios en resolución
firme del 15 de julio de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían
prescrito. "La ley de Memoria Histórica no ha servido para nada",
resume José.
La
Ley de Responsabilidades Políticas se justifica mediante la afirmación de que
"los causantes de los males de la patria han de pagar con sus
pertenencias". Los llamados rojos pagaron con sus bienes e incluso con su
vida. La democracia, sin embargo, no les ha devuelto nada. Ni siquiera un
simple y gratuito perdón.
