APOSTAMOS POR LO PÚBLICO
En Iruña (Nafarroa) y bajo el lema
“Apostamos por lo Público”, la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (C.G.T.) ha celebrado durante los días 15 y 16 de
Abril del 2016, el VI Congreso Extraordinario.
En este Comicio Extraordinario, al que han
acudido Delegad@s de 175 Sindicatos federados, se iba a Debatir sobre una
veintena de Ponencias presentadas por los Sindicatos, Secciones Sindicales y
militantes, y Acordar la Postura de la
Anarcosindical en cuanto a la posible reversión del proceso de privatizaciones
llevado a cabo por los distintos gobiernos (tanto locales, autonómicos como
estatal) y la REMUNICIPALIZACIÓN de los mismos.
Este era un reto importantísimo, tanto
para la C.G.T. en particular como para la Sociedad en general ya que teníamos
que ser capaces de hilvanar lo acordado en el último Congreso Confederal
celebrado en la La Coruña, relativo a LA
AUTOGESTIÓN y su embridamiento con LA
REMUNICIPALIZACIÓN, como primer paso que nos lleve a ir a la completa
gestión de dichos servicios por parte de l@s trabajador@s / Sociedad.
Los debates y los consiguientes acuerdos
giraron en torno a dos aspectos:
a.)Postura de la C.G.T. ante ‘lo Público’,
y
b.)Mecanismos para su internalización en
todas las Administraciones y Servicios Públicos.
La Comisión de Ponencia, una vez leídos
los Acuerdos de los Sindicatos, refundieron los mismos y redactaron un texto
que sirvió como ‘Ponencia Base’ sobre la que debatir titulada: “La Defensa Sindical de los Servicios
Públicos, como Derechos Sociales para todos y todas”.
Ponencia que fue enriquecida con las
aportaciones de otros Acuerdos aportados y los Votos Particulares de los distintos
Sindicatos que se presentaron.
Pasamos a publicar los Acuerdos del VI
Congreso Extraordinario.
Ahora, nuestro siguiente paso, es ir cumpliéndolos
pues de lo contrario todo el trabajo realizado por la militancia habría sido en
balde.
Salud.
“LA
DEFENSA SINDICAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, COMO DERECHOS SOCIALES PARA TODOS Y
TODAS.”
INTRODUCCIÓN.-
Desde la crisis de los 70 a niveles
europeos y desde la década de los 80 a niveles del estado español, han sido
demasiados años contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y
las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos
servicios -patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y
expropiados a la mayoría.
Unas veces, directamente empresas
multinacionales y, otras, los distintos gobiernos transfieren lo público a la
voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”, expoliando
derechos de las personas esenciales para la vida: la salud, la comunicación, la
enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, los
servicios ligados a lo municipal, etc… y, en parte, los sistemas públicos de
Seguridad Social en capítulos tan esenciales como las Pensiones. Los Servicios
Públicos son una forma de salario indirecto universal logrado tras enormes y
continuadas luchas populares. Deben ser considerados, por tanto, Derechos
Sociales Básicos para todas las personas.
La hegemonía de las doctrinas
neoliberales y la aplicación de las mismas por los gobiernos, ha provocado la
privatización de gran número de estos servicios. Al poder económico y político
le interesa que cualquier servicio esencial (sanidad, educación, dependencias,
etc.) se convierta en mercancía y negocio con el que traficar, se mercantilice,
para así poder hacer negocio y obtener beneficios particulares a costa de la apropiación
de los recursos públicos. Esta mercantilización de los servicios públicos
conlleva un empeoramiento grave de las condiciones de vida de la mayoría de la
sociedad.
Los servicios públicos privatizados son
cada vez más inaccesibles, de ínfima calidad, se van degradando con el tiempo
y, finalmente, suelen ser rescatados con el dinero de todos y todas. Es decir,
casos claros de socialización de las pérdidas y privatización de los
beneficios.
Las instituciones internacionales que
trasladan esta lógica a todo el planeta, la Organización Mundial de Comercio
(OMC), el GATS, la UE, el FMI, el BM, han sido reforzadas en los dos últimos
años por los Tratados Multilaterales entre distintos países, como el TTIP, el
CETA y explícitamente el TISA, que regula a niveles planetarios la
liberalización y mercantilización de los Servicios Públicos.
El Tratado de la Unión Europea vigente, a
través de la de Directiva Bolkestein sobre liberalización del mercado de
servicios interno de la UE, no reconoce claramente los servicios de interés
general no comerciales.
Es decir, el derecho a los servicios
públicos fundamentales: pensiones, sanidad, protección ante contingencias de
desempleo, dependencia, educación, propiedad intelectual, patentes, agua, políticas
contra la pobreza y la exclusión, transportes, comunicaciones, etc.
Hoy estos servicios públicos
fundamentales se encuentran seriamente amenazados por el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (AGCS) y por la aplicación práctica de la puesta en
marcha de la Directiva del Mercado Interior de los Servicios en el espacio de
la UE-28, “Directiva Bolkestein”, en el año 2009, cuando no imponiendo Acuerdos
Bilaterales con países empobrecidos, cuando no se aceptan por parte de esos
países las reglas de los ricos.
El comercio de servicios se define de
manera muy amplia para incluir la inversión extranjera directa en servicios
tales como salud, educación, agua, pensiones, transporte. Entre otras cosas, la
liberalización implica la eliminación de cualquier medida gubernamental que
podría favorecer a un proveedor nacional frente a uno extranjero, como por
ejemplo los subsidios públicos preferenciales. Significativamente, también
incluye terminar con los monopolios públicos (el ejemplo de la energía, gas,
petróleo, electricidad, es una continua fuente de conflicto de los países del
Sur con el Norte rico), así como la desregulación cuando una norma se considera
demasiado onerosa para los inversionistas y proveedores de servicios
extranjeros.
El futuro Tratado Transatlántico de
Inversiones y Comercio (TTIP) amplifica la liberalización en base a dos
premisas fundamentales: la desregularización de cualquier regulación limitadora
del libre comercio (derechos sociales, derechos laborales, límites
medioambientales, límites fiscales, etc.) y la “seguridad jurídica del
inversor” por encima de cualquier norma y derecho de los estados.
El proceso de liberalización económica,
la privatización del sector público, los cambios constitucionales a favor del
capital y la desregularización de las economías, están siendo
institucionalizadas a través de estos acuerdos comerciales, en particular los
de la OMC y los Tratados de Libre Comercio e Inversiones.
Solo en el área de servicios se contempla
un número vasto de sectores, que incluye el agua, la salud, la educación,
pensiones, etc. y una multiplicidad de otros servicios antes ofrecidos por el
estado central, los regionales y los municipios, ahora abiertos a la
competencia privada internacional.
La filosofía de poner recursos públicos
en manos privadas la encontramos como ejemplo paradigmático de control del
poder por parte del mercado privado, además del negocio, en el mercado del
Agua. Se desatienden aquellos aspectos de la gestión del dominio público
hidráulico sin rentabilidad económica, como el control de los vertidos, la
mejora ambiental de márgenes y riberas, etc. Estos son justamente los aspectos
de mayor contenido ambiental.
Estas políticas introducen desequilibrios
territoriales en función del valor añadido que genera el agua en cada región.
Las zonas de agricultura y ganadería extensiva, las más necesitadas de
consolidar su población rural, estarán a la cola en la lista de prioridades de
las obras hidráulicas.
En definitiva, se tiende hacia un
escenario en el que tendrá agua quien pueda pagarla. La lucha por la no
mercantilización del ciclo del agua, es una batalla ejemplar en la defensa de
servicios públicos esenciales para la vida de la gente.
Lo público se gestiona desde lo privado:
la externalización de los servicios públicos, las limpiezas viarias, las
comunicaciones postales, los transportes urbanos, la sanidad, la educación, los
servicios sociales, el ferrocarril, el agua…
“CÓMO SE HAN LLEVADO A CABO LAS TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS PÚBLICOS A LO PRIVADO.”
Simplemente queremos enumerar, a título
indicativo, las distintas maneras (jurídico-formales) de cómo se ha llevado a
cabo el expolio de lo público:
La privatización supone la transferencia
de una empresa o actividad pública al sector privado, con independencia de la
forma jurídica que tenga la entidad que asume la transferencia. Este proceso
presenta múltiples vías o mecanismos de materialización:
• La transferencia de actividades públicas
al sector privado: la Administración Pública transfiere la gestión del servicio
pero conserva la titularidad del mismo.
• Externalización de actividades y
servicios de la Administración Pública a una empresa privada para la
prestación, mediante contratos de gestión y contratos de servicios.
• La concesión, mecanismo por el cual las
empresas privadas se hacen cargo de la gestión de servicios públicos a largo
plazo, hasta 50 años, y en régimen de monopolio: agua, transporte etc.
• El concierto, por el cual la
Administración Pública acuerda con empresas privadas que ya vienen prestando
estos servicios, para que éstas se hagan cargo de una parte de los que la
Administración está obligada a prestar (concierto educativo).
• Los Convenios de colaboración con las
llamadas entidades privadas sin ánimo de lucro (ONG’s, fundaciones,
asociaciones), las cuales, en ocasiones, se han creado específicamente para
esto, o están vinculadas con la Iglesia, frecuentes en el área de los servicios
sociales, con la finalidad de sustituir la prestación directa de dichos
servicios por las Administraciones Públicas. Estas entidades privadas sin ánimo
de lucro funcionan como verdaderas empresas, con todas las lacras de la
actividad empresarial especulativa.
• Las llamadas "empresas
públicas" de derecho privado. Cuya finalidad es exclusivamente utilizar
técnicas y fórmulas de gestión privada, eludiendo los mecanismos de control y
las garantías del derecho público.
El expolio de recursos públicos
(provenientes de los impuestos) a los servicios públicos, no solo deteriora los
mismos, sino que a la vez los presenta como ineficaces e insuficientes, creando
una determinada conciencia de escasez y empujando a la mayoría social a
“echarse en manos del mercado”.
CGT por la
defensa de los servicios públicos como derechos sociales suficientes para todos
y todas y por la autogestión de los mismos por las personas:
La gestión de lo Público no puede basarse
en criterios de rentabilidad mercantil, sino en el principio de suficiencia
(siempre existirán recursos para que los servicios públicos lleguen de manera
universal a toda la población) y en el principio de eficiencia, es decir, su
gestión debe ser eficiente sin incurrir en un “mal negocio”, pues de lo
contrario se estaría violando el principio de suficiencia.
La gestión se encarga a “técnicos” en
toda la cadena organizativa, y la propiedad es “publica”. La participación de
los sujetos activos (trabajadores y trabajadoras) y de los sujetos pasivos
(quienes son beneficiarios de esos servicios públicos), carecen en la inmensa
mayoría de los casos de “poder de decisión” en lo relativo a su financiación
(políticas fiscales) y en lo relativo a la eficiencia, es decir, no existe
gestión directa por los verdaderos sujetos.
El contexto social que ha puesto en la
agenda el debate sobre“lo público”, su gestión y su suficiencia:
La
privatización, la externalización de los SSPP por cualesquiera de las
modalidades formales-jurídicas, tienen su sustentación política en la
modificación del artículo 135 de la CE y posterior Ley 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual embrida a todas las
Administraciones del Estado (central, autonómica y municipal), impidiéndoles el
endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el Estado
Español, además de las políticas de congelación de convocatorias de plazas para
cubrir los puestos necesarios en los SSPP.
Fundamentalmente pretenden enfrentarnos
con un debate en una doble vertiente, donde la primera, la jurídica, se
convierta en el eje vertebrador de la acción y, en consecuencia, ver “qué
posibilidades” se abren a los distintos gobiernos. Esto sería tramposo y de
corto recorrido.
La CGT tiene que trabajar en la segunda
vertiente, la sindical, es decir, qué posición tienen los distintos actores que
vienen influidos en sus necesidades (educación, sanidad, dependencia, limpieza,
medio ambiente, asistencia social, transporte, etc…) al ser éstas o estar
cubiertas, bien con servicios públicos 100% suficientes y universales, bien con
servicios públicos en cuanto a su titularidad, pero de gestión privada, bien
con conciertos o cualesquiera de las varias decenas de fórmulas que se han
utilizado y se utilizan en lo que venimos denominando (y sufriendo)
mercantilización de lo público.
Estamos hablando de, en primer lugar, los
millones de personas, todos y todas las que vivimos y habitamos el estado
español, sus ciudades y sus municipios. En segundo lugar, los millones de
trabajadores y trabajadoras que trabajan en todo lo que denominamos SSPP en las
distintas Administraciones (AGE, Administraciones Autonómicas y Locales, es
decir, Ayuntamientos), así como en las Empresas de Derecho Público (RENFE, ADIF,
FNMT, TRAGSA, AENA, Correos, TV públicas, etc.) y, en tercer lugar, los
sindicatos y movimientos sociales.
CGT
APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO SOCIAL
En el contexto de desestructuración del
mínimo Estado del Bienestar desarrollado en las últimas décadas, se genera una
contradicción a la hora de defender la gestión de los servicios públicos. Por
un lado, vemos como en tiempos de recortes presupuestarios las administraciones
están externalizando y/o privatizando la gestión de estos servicios, cayendo en
manos de multinacionales o grandes empresas con lucro privado. Frente a ello,
se articula el discurso de defensa de lo público que quiere transformar
socialmente los servicios, mantener los puestos y las condiciones de trabajo de
los y las empleadas públicas, así como las condiciones con que se prestan los
servicios y, de este modo, mantener la oferta y calidad de los mismos.
Existe otra opción, la propuesta de la
economía social, cooperativa y solidaria que plantea la necesidad de evitar la
privatización en favor de grandes empresas mediante la lucha por la gestión
"pública no-estatal", es decir, por la articulación de una fórmula de
gestión pública comunitaria en formato cooperativo (trabajo asociado) y de
economía social transformadora.
La lucha por la transformación social de
los servicios públicos privatizados es necesaria. Se trata de una herramienta
contra el actual capitalismo asistido, en el cual el Estado promociona y se
convierte en un instrumento fundamental para la mejora de los beneficios
empresariales. De este modo se podrá establecer la prioridad de los beneficios
universales de la ciudadanía sobre los beneficios particulares de las
corporaciones capitalistas privilegiadas.
Esos procesos de transformación se deben
guiar por los siguientes objetivos y criterios fundamentales:
• Máximo control posible de la ciudadanía
y personas trabajadoras.
• Firme defensa del empleo de calidad.
• Provisión de bienes y servicios de
calidad para satisfacer las necesidades básicas de las clases populares.
•
Avanzar hacia la participación en la economía y en la gestión.
Para
CGT la gestión de lo público debe corresponder a:
• La propia ciudadanía y las personas
trabajadoras a través de la conformación de un tejido asociativo cooperativo y
autogestionario.
• En tanto esto no sea una realidad la CGT
mantendrá la lucha contra las privatizaciones que provoca la actual gestión por
parte de la administración pública.
Por lo tanto, frente al recorte de
servicios públicos, puede ser necesaria la realización de una ofensiva desde la
economía social transformadora que permita ganar más espacios y recuperar la
gestión de servicios públicos en perspectiva comunitaria y con criterios universales.
LA
APUESTA POR LA AUTOGESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En la actual situación del capitalismo
global, es necesario el cuestionamiento cotidiano de las políticas que no sean
útiles para el fomento de la soberanía económica autogestionaria local.
En este marco toma protagonismo la opción
política de impulsar las experiencias de autogestión al margen de empresas
capitalistas y del aparato administrativo estatal, cumplimentando fórmulas de
cesión de la gestión al tejido asociativo socioeconómico y sindical
transformador.
La lucha por las mejoras de las
condiciones de vida de las clases trabajadoras tiene en la creación de redes de
economía social transformadora una herramienta fundamental. Las personas
trabajadoras deber crear espacios de libertad autogestionarios, con mercados
sociales locales o redes de producción, distribución, consumo y financiación
que dinamicen y organicen a sectores de la población al margen del sistema
capitalista.
El objetivo principal debería ser definir
otro modelo de relaciones que contemple una concertación público-comunitaria
con base cooperativa o asociativa local y permita una toma de decisiones
colectivas, abierta y transparente de la población en sentido amplio. Se trata
de compatibilizar una serie de elementos.
Por un lado, la participación en la
gestión. Impulsar el máximo control posible de la ciudadanía y personas
trabajadoras, así como generar o consolidar espacios de contrapoder social y
facilitadores de experiencias transformadoras que trabajen por un modelo
económico que genere un modelo participativo. Porque debemos tener claro que
toda economía que no hagamos nuestra será hecha en contra nuestra.
Por otro lado, realizar una provisión de
bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades básicas de la
ciudadanía. Y todo ello desde la firme defensa del empleo de calidad, la
distribución de la renta y el control ciudadano de la riqueza colectiva.
POSICIONAMIENTO
DE CGT
En distintos Congresos y Plenos la CGT
tiene fijada una posición clara y unánime, la defensa de los Servicios Públicos
como derechos sociales para todos y todas: la confrontación con las lógicas
privadas y contra la mercantilización de lo público, apostando clara y
nítidamente por la universalidad, suficiencia y eficiencia de los servicios
públicos, y la participación en su gestión de trabajadores y trabajadoras, y de
las personas.
Más allá de las problemáticas jurídicas
existentes, de lo que se trata es de crear una conciencia social en el proceso
de reversión de lo privado a lo público y en la desmercantilización de la vida.
La experiencia a niveles europeos y del
Estado Español, muestra que una pelea coordinada de todos los sujetos
afectados, obtiene como resultado la reversión del hecho de la privatización
hacia “gestión directa por parte de lo público”, con consecuencias directas en
condiciones de trabajo, en la suficiencia del servicio público que se presta,
la universalidad del mismo y la eficiencia.
En este sentido, CGT debiera plantearse
un Plan de Actuación Sindical-Social:
• Se pondrá en marcha una campaña a nivel
estatal desde el Comité Confederal “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO” con diferentes
niveles de desarrollo: formativo, informativo, reivindicativo, movilizador y
transformador.
• Las Secretarías de Acción Sindical, de
Acción Social y de Formación del Comité Confederal, coordinarán dicha campaña
en sus diferentes niveles de desarrollo, con las estructuras territoriales y
sectoriales.
• Las estructuras territoriales
(Confederaciones, Federaciones Locales y Sindicatos) y sectoriales
(Federaciones de Sector), desarrollarán los niveles formativos, informativos y
reivindicativos de la campaña “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO”.
• Pero esas estructuras territoriales y
sectoriales son las que decidirán el nivel de concreción de las fases de
movilización y transformación de la campaña, en función de su situación,
capacidad y oportunidad de desarrollarla en cada ámbito.
No debemos olvidar que todas las
situaciones no son iguales y, por tanto, debe haber un nivel de autonomía
suficiente que garantice que avanzamos, pero que los pasos se dan
correctamente.
•
La CGT defenderá lo público y los SSPP, como Derechos Sociales universales,
suficientes, de calidad y gratuitos, y potenciará cuantas luchas se desarrollen
o se deban desarrollar, bajo nuestro impulso e iniciativa, o en confluencia con
los movimientos sociales y/o plataformas, en los ámbitos donde sea posible.
TEXTOS
APROBADOS PARA INTRODUCIR EN LA PONENCIA ANTERIOR
(Votos
Particulares)
1) Quedan excluidos de este acuerdo el
personal directivo y todo aquel personal contratado por el empresario con la
única finalidad de beneficiarse él o sus amigos (contratación de familiares y
amigos para conseguir así un empleo estatal).
2)
Apostar por la Internalización de los Servicios Públicos, garantizando
el empleo, los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores y
trabajadoras que ahora vienen prestando dichos Servicios.
Que el Gabinete Jurídico de CGT realice a
la mayor brevedad posible, un informe jurídico sobre las diferentes formas de
internalización de los servicios públicos, indicando las diferentes fórmulas
legales para la subrogación y los mecanismos posibles para garantizar la
estabilidad de los trabajadores y trabajadoras de las contratas en las
diferentes formas de revertir los servicios.
3)
Como parte de nuestra estrategia, la CGT ha de exigir a las diferentes
Administraciones que se realicen Auditorías a todas las grandes contratas que
desarrollan la prestación de servicios para lo público y que su objetivo vaya
más allá del control y la mera crítica, dando traslado a la fiscalía ante la
detección de la comisión de presuntos delitos. En caso de que las Administraciones
no atiendan a sus responsabilidades en este sentido, la CGT estudiará la
posibilidad de poner los presuntos hechos delictivos en conocimiento de dicha
fiscalía anticorrupción.
4)
El control colectivo y la democracia directa hacen imprescindible otra
importante reivindicación sindical: la reducción del tiempo de trabajo para
toda la clase trabajadora.
Efectivamente, una nueva y tajante
reducción de la jornada laboral, es una necesidad insustituible de nuestras
sociedades, por ya conocidas razones:
• Sin reducción de salarios ni imposición
de flexibilidad, la vía más directa para la recuperación de décadas de
depauperación del valor del trabajo por parte del capitalismo y sus políticas
neoliberales.
• El reparto del trabajo porque hay que
acabar con la lacra del paro y la medida es repartirlo.
Pero a estas razones ya conocidas cabe
sumar una tercera de la misma importancia:
• La reducción drástica de la jornada
laboral para conquistar el tiempo necesario para la clase trabajadora en su
conjunto (no para un sector concreto) para hacer efectivas y permitir la
práctica del control colectivo y la participación de la ciudadanía y la
democracia directa necesaria en cualquier gestión colectiva.
El bien común público se define por ser
universal y colectivo, a diferencia de las definiciones recientes del
“procomún”, que se restringe a una comunidad específica. El bien común, pues,
no puede estar sometido a ninguna restricción de uso o provisión, sea por
origen social, económico y cultural o por la pertenencia o no a determinada
comunidad.
5)
1.- La CGT está en contra de la destrucción de los derechos de los
trabajadores de las subcontratas de las empresas privatizadas y, por tanto,
defiende el mantenimiento de los derechos de todos los trabajadores como son:
antigüedad, puesto de trabajo. La CGT defiende expresamente la subrogación de
todos los puestos de trabajo.
2.- En el caso de
internalizaciones de los puestos de trabajo, hay que intentar que la pérdida de
derechos que ha supuesto trabajar para subcontratas sea revertido y movilizarse
para que las administraciones públicas ofrezcan un empleo de calidad.
3. La CGT debe tener una
postura jurídica homogénea que avale que los procesos de internalización de los
servicios públicos permiten en todo caso la subrogación de los trabajadores y
de sus derechos, poniendo a disposición las herramientas necesarias para
impugnar jurídicamente todos estos procesos que supongan destrucción de puestos
de trabajo o de los derechos de los trabajadores.
4. La CGT debe movilizar a
los trabajadores de las subcontratas, dado que sin la movilización de los trabajadores las administraciones públicas
y/o las subcontratas pueden aprovechar todos los procesos de internalización
para deteriorar derechos y destruir puestos de trabajo.
5. La CGT debe realizar una
campaña pública a toda la sociedad, con énfasis en la Administración pública,
explicando que los procesos de internalización de lo público deben servir para
revertir los efectos dañinos de las privatizaciones y que los trabajadores no
deben pagar los platos rotos en estos procesos.
6. La CGT debe crear
mecanismos de transparencia y control de todos estos procesos que impidan que
haya casos de nepotismo y corrupción administrativa que permitan que se
introduzcan en la Administración pública trabajadores que se hayan aprovechado
claramente con mala fe de estos procesos. Nadie puede abusar de los derechos de
los trabajadores para meter en la Administración pública a familiares, amigos…
Deben defenderse por parte de CGT mecanismos específicos que garanticen que
estos procesos son transparentes.
